Los Censos de Población y Vivienda son instrumentos básicos de Planificación a largo plazo en cualquier país del mundo.

Por qué no les abriré mi puerta
Por Luis Manuel Aguana

Los Censos de Población y Vivienda son instrumentos básicos de
Planificación a largo plazo en cualquier país del mundo. Los datos que
se recaban les sirven a los Estados para entender como se ha extendido
la población a lo largo y ancho del territorio en un periodo de 10
años y para tomar decisiones trascendentales de la vida de un país.
Decisiones como cuantas escuelas y hospitales deberían existir y donde
deberían ubicarse, que tantos acueductos, vías de penetración,
comunicaciones y electricidad deberían necesitarse y donde, son parte
de las decisiones que se toman derivadas de la información que se
procesa del Censo. Asimismo, el saber cuantas personas viven en el
país y donde se encuentran, les indican a los organismos electorales
cuantos diputados deberán existir por circunscripción en los
siguientes 10 años. Imagínense cuantas decisiones a favor de un país
podrían tomarse de ser utilizados estos datos para el bienestar de la
población.

Sin embargo, lamentablemente, ese no será el caso en la Venezuela de
hoy con el próximo Censo de Población y Vivienda. Tenemos historia
fundamentada de la utilización que ha hecho este gobierno con los
datos personales de los ciudadanos, donde el ejemplo más doloroso lo
ha representado la mal llamada “Lista de Tascón” y que este escribidor
ha rebautizado como “Lista de Chávez” (ver Un Réquiem por Luis Tascón
en http://ticsddhh.blogspot.com/2010/08/un-requiem-por-luis-tascon.html
) al ser este ultimo su principal instigador y el primero su autor
material. Los venezolanos corremos el altísimo riesgo de que nuestros
datos personales se encuentren en una base de datos administrada por
extranjeros de nacionalidad cubana. Asimismo, la prensa nos ha
informado (ver Siete Días, El Nacional 17 de Julio 2011) que será una
empresa cubana la que elaborará y administrará la expedición de
nuestro principal documento de identificación, la cédula de identidad,
y que contendrá datos personalísimos que además de los conocidos
nombres y apellidos y fecha de nacimiento, almacenará adicionalmente
la identificación biométrica de las huellas dactilares, pago de
impuestos, firma y fotografía digital. Inclusive se ha hablado de
incluir el tipo de sangre y la historia médica. El gobierno nacional
ha puesto en manos de extranjeros todos los datos actuales de los
venezolanos.

La Protección de Datos Personales es una deuda que tienen la mayoría
de los países latinoamericanos para con sus ciudadanos. Sin embargo,
varios de ellos han empezado a saldar esa deuda, como el caso del
Perú, que recientemente aprobó el Proyecto de Ley No. 4079/2009-PE,
publicado el 3 de Julio de 2011, como Ley No. 29733, Ley de Protección
de Datos Personales, que desarrolla el contenido del derecho
fundamental de la protección a la vida privada reconocido en el
artículo 2º inciso 6º de la Constitución peruana de 1993, así como
establece medidas orientadas a su respeto y garantía. Otro caso es el
de Uruguay, que decretó en el año 2008 la Ley Nº 18.331, Ley de
Protección de Datos Personales y Acción de “Habeas Data”, fundamentada
en el Artículo 72 de su Constitución que resguarda también la vida
privada de sus ciudadanos. Así como estos casos, el resto de los
países latinoamericanos se encuentran en el desarrollo de sus normas
correspondientes. Sin embargo en nuestro país esa norma no se divisa
por ningún lado. Existe en la actualidad un Anteproyecto denominado
“Proyecto de Ley de Protección de Datos y Habeas Data en Venezuela”
que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional y que estuvo en la
Agenda Legislativa en el año 2004.

Como se verá, existe una preocupación legítima en Latinoamérica acerca
de lo que pueden hacer los gobiernos con los datos personales de los
ciudadanos a la luz de las nuevas tecnologías de información. De no
existir en el ordenamiento jurídico vigente una Ley que reglamente lo
previsto en los Artículos 28, 48 y 60 de nuestra Constitución en
relación a la protección de la privacidad de los ciudadanos, lo que
nos queda es negarnos a proveer mas información a un gobierno que ha
demostrado fehacientemente no tener ningún respeto a la norma
Constitucional.

¿Como es posible que Perú, por solo citar el ejemplo descrito, que se
encuentra por debajo de Venezuela en penetración digital como lo
indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su índice de
penetración de tecnologías, ya posea una ley vigente aprobada este
mes, que norma lo previsto en su Constitución acerca de la protección
a la privacidad de los datos de sus ciudadanos? La respuesta nos la da
el propio gobierno al poner todos los datos de la población en manos
de los cubanos: no está en su interés protegerlos. En la medida que
nos encontremos más desprotegidos mayor será la invasión a nuestra
intimidad y privacidad y presas fáciles del Estado totalitario
castrocomunista que intentan imponernos.

El Director del Instituto Nacional de Estadística, INE, se ha
apresurado a decir, preocupado por esta situación, que los datos que
se suministren en el Censo serán secretos y protegidos por el “Secreto
Estadístico”. Eso sería cierto en cualquier país civilizado con un
Estado de Derecho en el que se cumpla la Constitución. Los venezolanos
tenemos sobradas razones para creer que esos datos personales que se
entreguen a los funcionarios del INE no serán utilizados para lo que
deberían ser utilizados. Tal vez nada de lo que diga o prometa el
gobierno cambiará este modo de pensar porque ya nos ha probado que ha
usado ilegalmente datos de las personas en el pasado, violentando la
ley y el Estado de Derecho.

Nunca antes los venezolanos nos habíamos visto tan desprotegidos
cuando la norma Constitucional, que debiera ser el eje principal de
esa protección, es violada permanentemente por aquel que está en la
obligación en primer lugar de respetarla y hacerla respetar. El hecho
de que datos personales como quienes y cuantas personas viven en
nuestra casa, cuantas habitaciones tiene, que tipo de vivienda posees,
estén en manos de un gobierno como este, es inaceptable para muchos de
quienes ese mismo gobierno dispuso que fuéramos discriminados
políticamente en Venezuela a través de la Lista de Tascón, que esta
más vigente que nunca. No podríamos saber para que utilizaría el
gobierno esta información privilegiada y almacenada en medios
electrónicos, pero se me ocurre una muy evidente: su utilización
política y con fines electorales para la reubicación de más dos
millones de personas damnificadas que buscan vivienda y que fueron
registradas en la Misión Vivienda del gobierno. Y eso podrían hacerlo
de la noche a la mañana utilizando medios informáticos, una vez que
conozcan los datos del Censo, violentando así la privacidad de ese
“Secreto Estadístico” que el Director del INE dice que protegerá. ¿Se
dan cuenta de lo grave que es que un gobierno tenga información
privilegiada y que pueda usarla en contra nuestra con fines políticos,
pasando por encima de la norma constitucional y nosotros no podamos
hacer nada?

Como venezolano estoy en mi derecho, como lo establece el Artículo 60:
“Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada,
intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley
limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el
pleno ejercicio de sus derechos.”. Y en el ejercicio de ese derecho a
mi vida privada, que me concede la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela, no les abriré mi puerta.

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